Despedir a una madre es de las cosas más duras que puede existir. Pero cuando además de lo difícil que supone afrontar esa partida, personas insensibles parecen proponerse en hacernos sufrir más aún, entonces nos llenamos de impotencia y frustración sin saber a quién más acudir.
Es el calvario por el que han atravesado Carol Follows y su esposo David, una pareja de Stoke-on-Trent, Inglaterra, a quienes las autoridades de la escuela de su hijo, no han hecho más que ponerles obstáculos tras la dolorosa muerte de la madre de Carol.
El pequeño Logan de 9 años de edad, asiste a clases en la Academia de la Iglesia de San Mateo de Inglaterra.
Debido a la muerte de la abuela, los padres sacaron a su hijo de la escuela para que pudiera asistir a su funeral en Sudáfrica durante 12 días. Tiempo que le tomaría a la familia no solo las ceremonias relacionadas con el último adiós a la madre de Carol, sino además arreglar todos los trámites relativos a la herencia y demás asuntos familiares.
Los padres eran conscientes que debían presentar una solicitud previa y así lo hicieron cuando vieron que la salud de la abuela empezó a empeorar drásticamente. Pero repentinamente falleció y la respuesta que obtuvieron fue que Logan solamente podría ausentarse durante 5 días con permiso, pero a partir del sexto día si el niño no asistía deberían atenerse a las consecuencias.
Como era de suponer, la familia no podía hacer caso al comunicado de la escuela. ¡No se estaban yendo de vacaciones, iban al funeral de la abuela!
Su indignación fue enorme cuando al volver se encontraron con una notificación del Ayuntamiento de Stoke-on-Trent en la que les imponían una multa de más de 130 euros por no haber llevado a Logan a la escuela entre el 27 de junio y el 4 de julio.
Carol había presentado la solicitud en la escuela el 17 de junio y había informado que se marcharían el 20 de junio por la muerte repentina de su madre, pero que no podrían volver hasta el 8 de julio, sin embargo lo trajeron de vuelta el 5 de julio.
Si los padres no pagaran la multa, se enfrentarían a una multa judicial de hasta 1.100 euros, pero podría reducirse a casi 70 euros si la pagan antes del 6 de septiembre.
El dilema está en que los padres están furiosos y se resisten a pagarla, y podrían impugnarla pero no pueden hacerlo sino hasta que abran la escuela, el 3 de septiembre, fecha en que sería demasiado tarde.
La madre reclama la actitud de las autoridades, puesto que su hijo es de conducta intachable, está por encima del promedio en sus informes escolares, y nunca se ausenta, por lo que no entiende por qué los tratan de esa forma.
Es verdad que toda organización tiene sus protocolos que deben ser cumplidos. ¿Pero hasta qué punto es justo que las normas por demás rígidas estén por encima de la comprensión y la calidez humana que debería imperar en toda autoridad? ¡Comparte tu opinión en tus redes!