Manuel Germán Ramírez Valdovinos, está tras las rejas desde hace 19 años acusado de asesinar a una persona que sigue viva. Lo detuvieron el 26 de mayo del año 2000 en el Estado de México.
Fue acusado y sentenciado por acabar con la vida de un hombre que sigue vivo. Su caso se ha convertido en una demostración de un sistema judicial ineficiente en el que personas inocentes están en prisión.
El próximo 26 de mayo se cumplirán 20 años desde que Manuel perdió su libertad, lo arrestaron con violencia y sin una orden de aprehensión en la localidad de Tepexpan, perteneciente a Acolman.
Manuel, que en ese entonces tenía 22 años aquel 26 de mayo regresó temprano de su trabajo como maestro de música de una escuela pública para celebrar junto a su esposa el primer mes de su único hijo.
Eran las ocho de la noche cuando los policías judiciales interrumpieron el festejo, apuntaron a los asistentes y a empujones le pidieron a Manuel que los acompañara.
Los agentes lo esposaron, lo subieron a la parte trasera de un auto sin matrícula y con vidrios polarizados, cubrieron su rostro y desde entonces comenzó la pesadilla que vive hasta ahora.
Lo acusaron a pesar de no tener pruebas, ni testigos, fue ingresado en una penitenciaría del Estado de México y lo trasladaron en reiteradas oportunidades de un penal a otro, y de un juzgado a otro.
Manuel se quedó sorprendido al ver al padre de la presunta víctima llegar al centro de justicia reclamándole a la policía: “A este no, es hijo de mi compadre”.
El agente le respondió que no había nada que hacer porque “todo estaba armado ante el Ministerio Público”.
El hombre les pagó a los agentes 150.000 dólares por su trabajo.
Poco después los familiares de Manuel veían a la presunta víctima en las fiestas de su comunidad, vivía en una gran casa que adquirió su padre con el dinero cobrado a su seguro de vida.
Estableció su residencia en Estados Unidos, donde vive con otra identidad y algunos cambios físicos hechos con cirugías plásticas.
Hasta que finalmente compareció ante el Juez Tercero del penal de Toluca, el Magistrado, Arturo Velázquez Méndez, quien lo sentenció a cuarenta años de cárcel.
Manuel recibió la sentencia que lo condenó a pasar gran parte de su vida sin ver la luz del sol en medio de muchas irregularidades. Entre ellas que el peritaje del cuerpo presentado era distinto al de la presunta víctima: tenía un color de piel distinto, tres centímetros menos de estatura y sin las señas particulares específicas que los propios familiares presentaron ante el Ministerio Público.
No tenía lunares, cicatrices, y marcas personales como las que reseñaron los parientes de la víctima para el proceso de identificación.
“Se comprobó que la persona que presuntamente mató mi esposo sigue viva. Lo están acusando de algo que no tiene sentido”, declaró ante un medio de comunicación local Itzel del Carmen, la esposa de Manuel.
Además, en el juicio, declararon testigos, familiares y habitantes de Tepexpan, que indicaron que la presunta víctima no murió y todo fue simulado.
La presunta víctima, según se ha comprobado, no murió, todo habría sido un montaje realizado por su padre quien contó con la ayuda de funcionarios del ministerio público, del tribunal, peritos y un agente de la policía para simular el crimen y cobrar el millonario seguro de vida.
Manuel ha estado enviando cartas a todos los Magistrados de los Tribunales de México sin obtener respuesta. Incluso ha enviado cartas a los gobernadores, pero ninguno ha respondido. Su esposa ha sido brutalmente agredida en las visitas a la cárcel, a él le propinan maltratos en reiteradas oportunidades.
Su pedido de justicia llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indagaron el caso y resolvieron protegerlo mediante el Protocolo de Estambul, que tiene el mejor manual de investigación sobre Torturas, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes que existe en el mundo.
Según ese protocolo, Manuel debería ser liberado una vez que se remita la recomendación respectiva al gobierno de México, tendrán que ser sancionados los involucrados en el proceso penal irregular.
Asimismo, serán señalados por omisión todos los funcionarios públicos que conocieron el hecho y no hicieron nada para promover la justicia, esa justicia que tanto merece Manuel y su familia. Comparte este caso.